La competitividad rural es la construcción de ventajas que permiten a los productores organizados posicionarse en mercados dinámicos dentro de cadenas de valor, de manera equitativa y sostenible.

El objetivo de este paquete de servicios es mejorar la toma de decisiones de los agentes productivos para contribuir, de esta manera, a equilibrar la distribución de la riqueza generada dentro de las cadenas de valor en las que participan. El fortalecimiento de las capacidades de gestión de los productores, en los productos y territorios priorizados, se complementa con la asesoría a los gobiernos regionales y locales, los dirigentes e integrantes de mesas de productos y otras instituciones de la sociedad civil, con el fin de crear las condiciones que apoyen la construcción de la competitividad y promover alianzas público-privadas de mutuo beneficio.

Para su tercera fase, el PDRS ha definido tres temas en los cuales se enmarcan las intervenciones en competitividad rural en los territorios priorizados:

1. Asociatividad y fortalecimiento institucional.
2. Articulación y consolidación de alianzas y cadenas de valor.
3. Fomento de una oferta sostenible de bienes y servicios.

Entre las actividades que implementará el paquete de servicios Competitividad Rural destacan:

• Asesoría y capacitación en gestión empresarial.
• Apoyo para acceder a sistemas y fuentes de información.
• Fomento de alianzas de mutuo beneficio (“win-win”) en cadenas de valor.
• Asesoría para la promoción de inversiones así como para la participación en concursos públicos y privados en ciencia, tecnología e innovación.
• Apoyo al diseño de estrategias para la generación de valor agregado.

El objetivo de este paquete de servicios es promover la implementación de estrategias regionales y nacionales para el desarrollo rural bajo un enfoque territorial y sostenible -o enfoque de “nueva ruralidad”- contribuyendo así a mejorar los medios de vida en el ámbito rural.

Con este fin, se brinda asesoría a los gobiernos regionales, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Economía y Finanzas, considerando dos ejes fundamentales: la transformación productiva, para promover el desarrollo económico aprovechando potencialidades locales y mercados, y el desarrollo institucional, con el fin de estimular arreglos institucionales para la interacción y concertación entre los actores del desarrollo rural.

Para su tercera fase, el PDRS ha definido tres ámbitos en los cuales se enmarcan las actividades en desarrollo territorial rural:

1. Desarrollo y validación local de metodologías, herramientas, buenas prácticas y/o procedimientos vinculados a la promoción del desarrollo rural con carácter territorial y sostenible.
2. Fortalecimiento de capacidades de actores locales, públicos y/o privados, para el empleo de los mecanismos y las herramientas desarrollados, de las buenas prácticas y/o de los procedimientos, incluyendo el seguimiento, la evaluación y la recuperación de aprendizajes.
3. Acompañamiento y asesoría en reformas institucionales en los niveles regional y nacional, considerando el fortalecimiento de los vínculos políticos entre niveles de gobierno (regional-nacional) en el ámbito del desarrollo territorial rural.

El objetivo de este paquete de servicios es facilitar, en los distintos niveles –nacional, regional y local-, lineamientos, instrumentos y enfoques metodológicos, que promuevan la implementación de mecanismos de financiamiento ambiental. Con este fin, se brinda asesoría a tomadores de decisión para que planifiquen y realicen inversiones en conservación y gestión sostenible de los recursos naturales y el ambiente, bajo un enfoque multisectorial y en concordancia con los lineamientos de política ambiental del Ministerio del Ambiente.

Para su tercera fase, el PDRS ha priorizado tres temas en los cuales se enmarcan las diversas actividades en financiamiento ambiental:

1. Valoración económica del patrimonio natural para el financiamiento ambiental en conservación.
2. Proyectos de Inversión Pública (PIP) para la gestión sostenible de los recursos naturales.
3. Implementación y consolidación de los mecanismos de financiamiento ambiental, tales como la compensación por servicios ecosistémicos.